¿A quién afecta la ley de Prevención de Riesgos Laborales? Modificaciones para cumplir con la normativa europea

Recientemente, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una actualización del Código de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que abarca las últimas modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995).

Este código electrónico recoge toda la legislación actual del derecho español en relación con la prevención de riesgos laborales y la coordinación empresarial. Gracias a estas herramientas digitales, es posible acceder a toda la normativa preventiva, así como al historial de revisiones, derogaciones, actualizaciones y disposiciones adicionales. Además, ofrece acceso en línea al diccionario jurídico RAE, lo que facilita la comprensión del contenido.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España afecta a todas las entidades y personas vinculadas al ámbito laboral. Esto incluye a empresarios, trabajadores, contratistas y subcontratistas, independientemente del sector, tamaño o tipo de actividad económica. 

La ley abarca tanto a empleados por cuenta ajena como a trabajadores autónomos. Además, afecta a los fabricantes, importadores y suministradores de equipos de trabajo y productos químicos utilizados en los lugares de trabajo. Todos ellos deben cumplir con las obligaciones establecidas para garantizar entornos de trabajo seguros y saludables, minimizando los riesgos laborales. A continuación, analizamos la legislación en profundidad. 

Actualización constante de la ley de prevención de riesgos laborales en España

El artículo 40.2 de la Constitución Española establece que los poderes públicos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad e higiene de los trabajadores y de desarrollar políticas de prevención de riesgos laborales. Estas acciones preventivas deben estar alineadas con la legislación de la Unión Europea, lo que conlleva actualizaciones periódicas para armonizar las normativas.

En este contexto, se ha consolidado un marco jurídico europeo sobre protección de la salud en el trabajo, destacando la Directiva 89/391/CEE sobre salud y seguridad laboral, que establece el marco legal para la prevención de riesgos laborales a nivel comunitario.

La Ley española traspone esta Directiva y tiene como objetivo fomentar una cultura preventiva mediante la educación y la concienciación en toda la sociedad. Aunque fue promulgada en 1995, se realizan constantes modificaciones para adaptarla a los nuevos riesgos y necesidades del entorno laboral.

¿Cómo es nuestra legislación sobre Prevención?

En cuanto a nuestra legislación sobre prevención de riesgos laborales, las modificaciones de la Ley abarcan una amplia gama de materias. Por ejemplo, el Capítulo III regula los derechos y obligaciones de protección de los trabajadores, incluyendo medidas para casos de emergencia y riesgos inminentes, con énfasis en la confidencialidad y el respeto a la intimidad.

Además, se destaca la obligación empresarial de coordinar las acciones preventivas tanto para sus actividades como para las subcontratadas, lo que implica una correcta homologación de proveedores.

Otro aspecto crucial es la estructuración de la acción preventiva a través de servicios de prevención propios o ajenos, según se detalla en el Capítulo IV.

El Capítulo V aborda los derechos de consulta y participación de los trabajadores en temas de salud y seguridad laboral, designando Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud como órganos para optimizar las medidas preventivas.

En el Capítulo VI se establecen las obligaciones en materia de seguridad para fabricantes, importadores y distribuidores de equipos de trabajo, asegurando que todos los materiales de protección cumplen con las medidas de seguridad establecidas.

Por otro lado, el Capítulo VII regula las responsabilidades y sanciones para garantizar el cumplimiento de la ley, tipificando infracciones y sanciones. Finalmente, la disposición adicional quinta ordena la creación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FSP), en la que participan tanto la Administración como las empresas, con el fin de mejorar las condiciones de salud y seguridad laboral.

La últimas modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Dentro de las últimas actualizaciones de la Ley, se ha modificado la disposición adicional quinta de la Ley 31/95, la cual se refiere al funcionamiento, organización, composición y presupuesto de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FSP).

La finalidad de esta Fundación es promover las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a las pequeñas empresas. Esto se logra mediante la gestión y el impulso de acciones de información, asistencia técnica, formación y cumplimiento normativo.

Con esta modificación se busca reactivar la actividad de la FSP, que se encontraba suspendida desde 2017, lo cual es esencial para el sistema general de prevención de riesgos laborales.

Otra modificación importante de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales concierne a las personas trabajadoras del servicio doméstico.

Esta modificación suprime el apartado 4 del artículo 3, que excluía la aplicación de la ley a esta relación laboral especial. En consecuencia, se añade una disposición adicional decimoctava para asegurar que la protección de la seguridad y salud en el trabajo de estas personas sea equivalente a la del resto de trabajadores.

Consecuencias por incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales

El incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) en España puede acarrear graves consecuencias, tanto para las empresas como para sus administradores. Estas consecuencias se dividen principalmente en tres categorías: sanciones administrativas, responsabilidades civiles y responsabilidades penales.

Sanciones administrativas

Las autoridades laborales pueden imponer multas económicas significativas a las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Estas sanciones varían según la gravedad del incumplimiento, pudiendo clasificarse en leves, graves y muy graves, con multas que pueden oscilar desde los 100 € hasta multas considerables. La falta de medidas preventivas adecuadas, la no realización de evaluaciones de riesgo y el incumplimiento de las normativas específicas de seguridad y salud son algunos ejemplos de infracciones que suelen derivar comúnmente en sanciones administrativas.

Responsabilidades civiles

En caso de accidentes o enfermedades profesionales derivadas de la falta de medidas de prevención, la empresa puede ser responsable de indemnizar a los trabajadores afectados por los daños y perjuicios causados. Esto incluye compensaciones por lesiones, incapacidad o muerte, además de los costes asociados a la asistencia sanitaria y rehabilitación.

Responsabilidades penales

Los responsables de la empresa, incluidos directivos y administradores, pueden enfrentarse a responsabilidades penales si el incumplimiento de la ley da como resultado accidentes laborales graves o mortales. Esto puede conllevar penas de prisión, además de las multas y sanciones administrativas y civiles.

Además, el incumplimiento de la normativa puede afectar negativamente a la reputación de la empresa, impactar en la moral de los empleados y reducir la productividad. También puede producir la paralización de la actividad empresarial hasta que se solucionen las deficiencias detectadas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Por lo tanto, el cumplimiento de la Ley 31/1995 es crucial no solo para evitar sanciones, sino también para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Sanciones económicas

Como indicamos anteriormente, el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puede derivar en sanciones económicas, estas multas están clasificadas según la gravedad de la infracción, pudiendo ser leves, graves y muy graves.

• Infracciones leves: Pueden ser sancionadas con multas de hasta 2.045 €. Estas suelen incluir faltas menores como la no entrega de información básica sobre riesgos y medidas de prevención a los trabajadores.
• Infracciones graves: Las sanciones por infracciones graves pueden variar entre 2.046 y 40.985 €. Incluyen aspectos como no realizar evaluaciones de riesgo, no implementar medidas preventivas adecuadas o no proporcionar la formación y los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores.
• Infracciones muy graves: Estas pueden acarrear multas de entre 40.986 y 819.780 €. Estas infracciones incluyen el incumplimiento reiterado de las obligaciones de seguridad, la exposición de los trabajadores a riesgos graves e inminentes sin las medidas de protección adecuadas, o no informar de accidentes graves o mortales.

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Es importante destacar que estas sanciones se aplican por cada infracción y pueden acumularse si se detectan múltiples incumplimientos. Además, las sanciones económicas son solo una parte de las consecuencias posibles, como hemos visto, las empresas también pueden enfrentarse a paralizaciones de actividad, sanciones administrativas adicionales, responsabilidades civiles y penales. Esto subraya la importancia del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para evitar sanciones económicas y proteger la integridad física y la salud de los trabajadores.

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